La recurrente tentación de encargar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas suele presentarse como un atajo pragmático ante la descomposición de los cuerpos policiales.
Sin embargo, gobernar no es marchar al paso redoblado, y confundir la defensa del Estado con la tutela ciudadana es un error conceptual que termina desgastando tanto a las instituciones civiles como a la propia institución militar. Cuando un gobierno delega la preservación del orden cotidiano a sus tropas, no solo evidencia su incapacidad técnica para formar cuadros de investigación y proximidad, sino que confunde peligrosamente la neutralización de un adversario bélico con la protección de los derechos de la ciudadanía.