En su informe mensual, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, explicó por qué su institución se desistió de la acción penal contra Irene León Escamilla, abogada laboralista acusada de fraude procesal por Grupo Herdez.
Dijo que la carpeta tenía “irregularidades”, que el caso “en principio estaba prescrito”, que “no había elementos” y que por eso la Fiscalía pidió “que el caso se cerrara, que se liberara esta persona”. Atribuyó la detención a “una orden de aprehensión previo al inicio de esta administración” y calificó de “algo sorpresiva” la intervención de un juez federal que, según ella, dejó sin efectos el desistimiento y “reactivó” la prisión preventiva.
Las constancias judiciales del caso, repartidas en más de una docena de expedientes de amparo, permiten contrastar cada una de esas afirmaciones.
La acusación la firmó su Fiscalía