Madrid. El gobierno español presentó el martes medidas para enfrentar la crisis de vivienda, bajo la presión de las protestas por una mayor protección de los inquilinos, pero su aprobación depende ahora del Parlamento, donde el Ejecutivo de izquierdas no tiene mayoría.
El Consejo de Ministros del martes había levantado una gran expectativa entre los cientos de activistas que acampan en la turística Puerta del Sol de Madrid. Instalados ahí por cuarta noche consecutiva, reclaman soluciones para facilitar el acceso a la vivienda ante un mercado con unos precios disparados en los últimos años.
Su indignación estalló tras el desalojo la semana pasada de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que se vio obligada a abandonar el piso en el que vivía desde hacía siete décadas, después de que una empresa de inversión lo adquiriera.