La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos , sometida a consulta por la presidenta Claudia Sheinbaum , abrió dudas entre empresas y especialistas sobre sus posibles alcances para proyectos de inversión en energía, minería e infraestructura.
El reconocimiento de los derechos de estas comunidades no está en discusión. Las interrogantes están en cómo se aplicarán las nuevas reglas de consulta y consentimiento , particularmente en proyectos que ya cuentan con permisos o se encuentran en operación.
Uno de los principales focos de atención es que la propuesta no parece delimitar expresamente todos los supuestos en los que los procedimientos de consulta podrían alcanzar a proyectos previamente autorizados . La preocupación es que esa falta de precisión pueda derivar en controversias cuando una comunidad obtenga reconocimiento posteriormente o argumente una afectación directa no considerada originalmente.