La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, instruyó a la Oficialía Mayor del Estado a verificar si las empresas recientemente señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantuvieron relación contractual con el Gobierno estatal, ordenando la remisión inmediata de los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para actuar conforme a la ley. Como medida preventiva e inmediata del Poder Ejecutivo, la mandataria determinó que de aquí en adelante ningún proveedor señalado por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas podrá participar en licitaciones estatales en tanto no aclare y resuelva formalmente su situación jurídica.